La ley del aborto
modificada con la obligación de que las menores de 16 años informen a
sus padres antes de una interrupción del embarazo ha pasado este martes
el trámite de aprobación en la comisión de Sanidad, donde fueron rechazadas todas las enmiendas presentadas
por distintos grupos políticos. Para evitar incidentes con diputados
del PP no afines a esta ley y a su reforma «light», fueron sustituidos
en la citada comisión tres de los representantes populares que habían
manifestado su postura en contra: Antonio Gutiérrez Molina, Eva Durán y
Lourdes Méndez Monasterio.
La ley se votará ahora en el pleno
probablemente la próxima semana –y habrá que esperar a ver si ahí vuelve
a encontrarse con el grupo de diputados populares que la rechazan– y
después pasará al Senado, donde se espera que reciba «luz verde» sin
cambios, por lo que entraría en vigor en septiembre, sin tener que pasar de nuevo por el Congreso.
La mayoría popular ha echado abajo
las enmiendas presentadas por distintos grupos de oposición sin
problema. No obstante, al PP le falta por saltar un obstáculo
importante: el de la minoría de diputados de sus propias filas que no están de acuerdo con la modificación, por considerarla insuficiente. Ya en su anterior paso por el pleno, este grupo de diputados populares se abstuvieron o votaron en contra de la modificación,
un gesto que aritméticamente no supuso ningún problema pero que tuvo un
gran peso político, al poner en evidencia el malestar de ciertos
sectores conservadores con la ley.
La modificación de la ley de aborto
que ha aprobado este martes el PP en la comisión se ha encontrado con el
rechazo del resto de grupos. Desde el grupo popular, las diputadas
Marta González, Beatriz Escudero y María Jesús Bonilla han explicado la
postura del PP, contraria a admitir ninguna de las enmiendas. Las tres
insistieron en aclarar un punto que ha sido también polémico: la
modificación de la ley ahora aprobada no supone validar la ley del 2010,
ya que los populares plantearon un recurso de inconstitucionalidad
contra esta ley hace cinco años, que aún no ha sido resuelto por el alto
tribunal.
La diputada socialista Susana Ros no
entiende más que por motivos electorales esta modificación, dado que
ahora «no existe demanda social» que la justifique. Recordó al PP que
«no se legisla desde la moral cristiana, sino para que todos tengan los
mismos derechos». Ascensión de las Heras, diputada de la Izquierda
Plural, se mostró convencida de que cualquier cambio que se introduzca ahora será modificado en la próxima legislatura, «cuando se modifique la correlación de fuerzas en el Congreso».
Es lo mismo que piensa José Antonio
Gorriarán (UPyD), que además ha calificado la reforma de «desafortunada y
poco legítima». Para el peneuvista Joseba Agirretxea, la ley
actualmente en vigor –y que quiere modificar el PP– «es más justa que la
que quiere traer el PP con su modificación». Se mostró partidario de que la norma se mantenga en su actual configuración.
Para Joan Tardá, de ERC, y Olaya Fernández, de BNG, el cambio que propone el PP es «irresponsable» porque desprotege a las menores.
El PP rechazó también las enmiendas
de UPN, que defendía que el aborto no es un derecho y pretendía
introducir cambios como un mayor rigor en las causas médicas que
justifican estas interrupciones del embarazo o la introducción de la ecografía y escuchar el latido del corazón antes de tomar la decisión.
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