El nasciturus. Una realidad científica contra el aborto

¿Es inmune nuestra democracia a la imposición de mentiras anticientíficas?

¿El Parlamento podría imponer que 2+2=5 y castigar a los que muestren su desacuerdo?

Vie 10·7·2015 · 7:19 1

Al leer el título de esta entrada algunos estarán pensando que planteo una pregunta absurda. Es una verdad universal que dos más dos son cuatro. ¿Cómo un Parlamento podría negarlo?
Un Parlamento que hiciese algo así estaría pisoteando las matemáticas, es decir, la ciencia. Es impensable, pensarán algunos, un absoluto disparate. Sin embargo, un artículo de Anthonu Esolen en LifeSiteNews me anima a responder afirmativamente la pregunta que pongo en el título: sí, un Parlamento podría imponer ese error matemático, y sancionar a los que lo contradigan.
Cuando el sentido común se convierte en una herejía
En su famosa novela distópica “1984″, George Orwell escribió: “La libertad es poder decir libremente que dos y dos son cuatro. Si se concede esto, todo lo demás vendrá por sí solo.” En ese capítulo del libro viene una reflexión sobre la verdad y su manipulación que merece la pena leer:

“Al final, el Partido anunciaría que dos y dos son cinco y habría que creerlo. Era inevitable que llegara algún día al dos y dos son cinco. La lógica de su posición lo exigía. Su filosofía negaba no sólo la validez de la experiencia, sino que existiera la realidad externa. La mayor de las herejías era el sentido común. Y lo más terrible no era que le mataran a uno por pensar de otro modo, sino que pudieran tener razón. Porque, después de todo, ¿cómo sabemos que dos y dos son efectivamente cuatro?”

Un ejemplo de un gobierno legislando sobre una mentira anticientífica
Obviamente, en los países democráticos no tenemos un sistema de partido único. Eso anima a cualquiera a descartar que se pueda producir una situación como la que describe el libro. Pero ¿podemos estar tranquilos? Sirva como ejemplo lo ocurrido en España. En una respuesta parlamentaria por escrito a una pregunta del diputado Carlos Salvador, de Unión del Pueblo Navarro, remitida por el gobierno de Zapatero al Congreso de los Diputados el 13 de septiembre de 2010 (se puede leer el texto en el BOCG, núm. 468, de 27/10/2010, página 97) se decía esto:

“El Gobierno no puede compartir la afirmación de que la interrupción del embarazo sea la eliminación de la vida de un ser humano porque sobre el concepto de ser humano no existe una opinión unánime, una evidencia científica, ya que por vida humana nos referimos a un concepto complejo basado en ideas o creencias filosóficas, morales, sociales, y en definitiva, sometida a opiniones o preferencias personales.
En cuanto al ámbito jurídico, no existe concepto legal de ser humano sino de persona, y ésta se ofrece claramente en el código civil y en la legislación penal, la protección de la que habla su señoría al aludir al homicidio, al asesinato o al maltrato es la de los delitos contra la vida humana independiente o la salud e integridad de las personas. En esto no hay ninguna duda y la protección de la persona está referida a la concepción civil: vida humana independiente a partir de las 24 horas del nacimiento.”

Esta cascada de majaderías es una muestra de hasta dónde puede llegar el relativismo. Con esta respuesta parlamentaria el gobierno socialista manifestó las aberrantes tesis ideológicas que sostienen la actual Ley del Aborto de 2010. Obsérvese que un gobierno ha sido capaz de negar ante un Parlamento una evidencia científica como es que el aborto implica la muerte de una vida humana, añadiendo a eso que la afirmación de que vida humana es un concepto basado en opiniones meramente personales. Sobre la base de estas grotescas tesis, se está matando en España cada año a más de 100.000 niños y niñas por nacer. Que ocurra algo así en un país que se dice democrático es algo que echa por tierra el optimismo de algunos, optimismo según el cual la mera existencia de votaciones para elegir a un gobierno y al poder legislativo es la mejor garantía para impedir que ese gobierno y ese legislativo no abusen de su poder. Después de la Segunda Guerra Mundial se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos precisamente para asentar la democracia sobre pilares más sólidos que la mera voluntad de la mayoría, e impedir que ésta violase impunemente los derechos de las minorías. A día de hoy, esos derechos fundamentales, proclamados como algo inherente a la naturaleza humana, están siendo erosionados por un relativismo que cuestiona hasta un pilar de la democracia como es el respeto por la vida humana y, en especial, por la de los más débiles e indefensos.

Una mentira letal y que acaba imponiéndose en facultades y hospitales
Por desgracia, ese relativismo ya no es una tendencia de pensamiento exclusiva de un determinado sector de la política que podríamos clasificar como “izquierda”. Esta misma semana el PP votaba contra los argumentos con los que recurrió esa Ley del Aborto de 2010, apoyando de facto la definición del aborto como un “derecho”, definición que, como hemos visto, se inspira en una visión falsa y absurda de la realidad según la cual la vida humana es algo cuestionable y, por tanto, se puede liquidar a una parte de nuestra sociedad simplemente negando su condición humana. No imagino ninguna fórmula matemática cuya negación pueda tener resultados tan terribles como los que ha tenido la negación de la verdad científica sobre el inicio de la vida. Si en una democracia es posible perpetrar una matanza sobre la base de una mentira anticientífica, aquí ya no hay verdad científica que esté a salvo del capricho de la mayoría. Esto debería hacernos reflexionar muy seriamente, porque ya no sólo se liquidan esas vidas humanas -algo que parece importar poco a muchos pues, a fin de cuentas, ya han nacido-, sino que incluso se impone en las Facultades de Medicina el aprendizaje de la práctica de abortos, se obliga al personal sanitario no facultativo a colaborar en esa salvajada y de un tiempo a esta parte, como cabía esperar, estamos viviendo ya intentos de censurar y perseguir a quienes cuestionan esa barbaridad.

Así se impone la censura para que nadie discrepe de una mentira oficial
Hace dos años una diputada del PSOE pidió censurar un concurso escolar porque afirmaba la humanidad de los embriones humanos. La socialista Ángeles Álvarez tachó de “inmoral”, de “manipulación” y de “adoctrinamiento en creencias” la mera afirmación de una verdad científica como la citada, simplemente porque desafía la mentira oficial con la que el PSOE suprimió toda protección legal para los niños y niñas por nacer. Ese mismo año una diputada del PP que defendió a las víctimas del aborto fue insultada y calumniada y recibió amenazas de violación contra ella y contra su hija. Desde uno de los periódicos de mayor tirada de España se acusó a la diputada de “un crimen contra la humanidad” por defender el derecho a vivir de los niños y niñas por nacer discapacitados. Dos años antes voluntarias de la plataforma provida Derecho a Vivir ya habían recibido amenazas de violación de fanáticos abortistas. El feminismo progre guardó un silencio sepulcral ante todas las amenazas citadas. No se detuvo a ninguno de los autores de esas amenazas. Si es ésta la clase de “democracia” que nos deparan los relativistas, pronto nos impondrán cualquier suma al 2+2 que no sea 4. Eso a menos, claro, que los españoles que no estamos de acuerdo con el relativismo asumamos nuestra responsabilidad de combatirlo en todos los frentes y sin ninguna clase de complejos. Nos jugamos nuestra libertad en ese empeño.
—outono.net/elentir/2015/07/10/el-parlamento-podria-imponer-que-225-y-castigar-a-los-que-muestren-su-desacuerdo/